El aceite de oliva está inmerso en un problema de sobreproducción, que ha llevado a tomar una medida de obligado cumplimiento. El Ministerio de Agricultura ha activado el mecanismo de retirada de este producto, además, ha ordenado a las almazaras españolas almacenar el 12% de la producción de la campaña 2026-2027. Esto supone inmovilizar alrededor de 188.000 toneladas de aceite para mantenerlas fuera del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027. Todo con el objetivo de evitar que el fuerte aumento de la oferta provoque un desplome de las cotizaciones en origen.
La decisión está tomada. Previamente, las comunidades autónomas estimaron una producción de 1.602.596 toneladas para esta campaña, que es un 23% más que la pasada. A esta cantidad hay que sumarle lo que ya había en existencias, es decir, 357.040 toneladas. En total, el volumen disponible supera lo establecido por la normativa para activar el mecanismo anteriormente mencionado. No hay vuelta atrás.

Las almazaras preparan el proceso de retirada
La retirada se aplicará sobre la producción declarada mensualmente por cada almazara a partir de noviembre. Los operadores podrán almacenar el aceite en instalaciones propias o de terceros, y tendrán que acreditar ante las autoridades el cumplimiento de la resolución. Por cierto, el Ministerio ha establecido un sistema de seguimiento y control. No obstante, esta resolución podrá modificarse a partir del 31 de diciembre en función de cómo vaya evolucionando la producción.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido la decisión como un recurso para ordenar el mercado y garantizar una remuneración justa a los olivicultores. Según su opinión, la retirada permitirá evitar oscilaciones bruscas de precios y, a la vez, proteger al olivar tradicional, cuyos costes de producción son superiores a los de las explotaciones intensivas. Eso sí, el ministro ha recalcado que se trata de una medida extraordinaria y temporal, compatible con las normas de la Unión Europea.
Por otro lado, las organizaciones agrarias llevaban semanas reclamando la activación del mecanismo. ASAJA, COAG y UPA, junto con Cooperativas Agroalimentarias, consideran necesaria la intervención ante el descenso de los precios en origen y el incremento de los costes que soportan los productores. De igual forma, también se reclaman medidas europeas para controlar las entradas de aceite procedente de países extracomunitarios.

La incertidumbre inquieta a los olivicultores
Para los productores de olivar tradicional y de secano, la caída de las cotizaciones resulta muy preocupante porque sus costes son más elevados, incluso disponen de menos margen para absorber un descenso de los ingresos. La retirada pretende, precisamente, evitar que la elevada oferta afecte aún más a los precios.
Sin embargo, la medida también genera perjuicios y críticas. La industria envasadora y refinadora rechaza el almacenamiento obligatorio, pues considera que retirar producto del mercado no resuelve los desequilibrios estructurales del sector. Como medida alternativa, se deberían abrir nuevos mercados y favorecer las exportaciones.
También existe el riesgo de que las almazaras tengan que asumir costes adicionales por el almacenamiento, la gestión y el control de un volumen de producto que no podrán comercializar durante meses. El efecto sobre el consumidor tampoco está claro, ya que la reducción temporal de la oferta podría provocar una subida de precios.
En cualquier caso, el Gobierno confía en que la retirada sirva de cortafuegos ante una campaña excepcionalmente productiva y permita recuperar el equilibrio entre oferta y demanda. La clave está en comprobar si las toneladas inmovilizadas son suficientes para contener la presión sobre los precios y, por extensión, garantizar la rentabilidad de los agricultores sin trasladar nuevos costes a las almazaras, la industria y los consumidores.
Una retirada a tiempo es una victoria




