España y Portugal hacen causa común para proteger sus intereses en la península ante la Unión Europea. El 25 de septiembre de 2026, ASAJA y CAP firmaron la Declaración de Ciudad Real, por la cual defenderán una misma postura respecto a puntos estratégicos de agricultura, ganadería, silvicultura y mundo rural. Dicha rúbrica tuvo lugar en el marco del VI Congreso Ibérico Agropecuario y Forestal, bajo el lema “Península Ibérica, construyendo un camino juntos”.
Como recoge el texto del documento, la agricultura no conoce fronteras políticas, los mercados son comunes, los recursos hídricos son interdependientes, los incendios no respetan las lindes y las grandes decisiones se toman a nivel europeo. En consecuencia, el compromiso por parte de los dos países más suroccidentales del continente es firme a la hora de coordinar acciones, compartir información técnica y actuar juntos en Bruselas.
Prioridades para tratar en común
Se trabajará en una serie de puntos clave que afectan a España y Portugal. Así pues, de forma conjunta, pondrán sobre la mesa asuntos candentes que necesitan solución. El momento actual del campo demanda unas necesidades que afectan a los profesionales del sector, cuyas protestas, cada vez más frecuentes, se citan a continuación.
En primer lugar, los costes de producción, concretamente la energía y los fertilizantes. Tanto ASAJA como CAP reclaman eliminar el régimen de comercio de emisiones para la industria europea de fertilizantes, así como suprimir el mecanismo de ajuste en frontera en aquellos sectores que acaben trasladando costes a las explotaciones.
En segundo lugar, el presupuesto europeo y la PAC. Se pretende lograr una PAC sólida, autónoma, bien financiada y con presupuesto propio frente al fondo único en el que la agricultura competiría con otras prioridades europeas. Además, se deben simplificar los trámites administrativos que dificultan la actividad.
En tercer lugar, el agua como fuente de vida. Se propone una “Estrategia Ibérica del Agua” cofinanciada con fondos europeos, es más, entendida como proyecto piloto de adaptación climática a toda la Unión Europea. Eso sí, con inversión para almacenamiento, modernización de regadíos, reutilización y recarga de acuíferos, etc.
En cuarto lugar, los temidos incendios rurales. En este aspecto, se apuesta más por la prevención mediante la gestión activa del territorio con financiación específica que por la extinción propiamente dicha. El agricultor, además de una víctima de los incendios, debe ser reconocido como un agente de prevención.
En quinto lugar, la mano de obra y el relevo generacional. Se promueve una política que contemple una contratación regular y una buena integración. Se aboga por el refuerzo de la formación profesional, medidas de incorporación de jóvenes y programas de inserción para parados de larga duración
En sexto lugar, una agricultura productiva y cohesión territorial. Se reivindica la preferencia comunitaria y la reciprocidad en los acuerdos comerciales. Asimismo, se ha debe considerar el mantenimiento de explotaciones viables como la primera política de desarrollo rural y un recurso para evitar la despoblación.
La implicación de los gobiernos debería ser obligatoria
Conviene recalcar que el documento alude al Gobierno de España y también al de Portugal. Les recrimina el hecho de no sentarse a la misma mesa, como han hecho ASAJA y CAP durante el congreso de Ciudad Real. Este congreso fue amenizado con demostraciones de dron, tanto en aplicaciones agrícolas como ganaderas. Después, se cambió de escenario para hacer en Villanueva de San Carlos una exposición sobre la energía, la innovación y la cadena alimentaria.
Los patrocinadores del evento fueron empresas, foros y otras entidades como Iberdrola, AEPLA, ANOVE y Globalcaja. Todas ellas expresaron su punto de vista sobre innovación, eficiencia y sostenibilidad en el sector primario.
Un acuerdo hispano-luso que junta voluntades