El 29 de noviembre de 2026 se dará voz y voto a los españoles. La convocatoria de elecciones generales puede tener repercusión en el campo, ya que la agricultura y la ganadería están pendientes de medidas importantes. Se abre un periodo de incertidumbre que podría ralentizar la tramitación de soluciones para el sector, es más, ahora se están negociando el nuevo presupuesto y la próxima PAC en la UE.
Existe el riesgo de un parón administrativo, que preocupa a los profesionales del campo. La disolución de las Cortes paraliza el desarrollo de varias iniciativas legislativas, dejando en el aire decisiones que deberá retomar el próximo Gobierno. Asimismo, España afronta la elaboración de unas nuevas cuentas públicas.
Las organizaciones agrarias velan por la agricultura familiar
Como era de esperar, las organizaciones agrarias no son ajenas a esta circunstancia y han opinado al respecto. Según Unión de Uniones, estas elecciones llegan en un momento decisivo para el campo. Dicha organización solicita que la campaña no paralice ni la defensa de los intereses españoles en Bruselas ni los temas que siguen pendientes en España, como la ley de la agricultura familiar, una reforma de los seguros agrarios y la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria.
El nuevo marco financiero europeo será decisivo
El Consejo Europeo tiene previsto abordar el nuevo marco financiero entre los días 15 y 16 de octubre, con el propósito de alcanzar un acuerdo antes de finalizar el año. Para España, la negociación es clave porque la PAC representa un aporte fundamental a la renta agraria, cuyas ayudas suponen alrededor del 17% de la misma. El Ministerio de Agricultura ha defendido que el presupuesto de la PAC debe, como mínimo, mantener los niveles actuales y evitar recortes.
Por otro lado, Unión de Uniones exige que continúen los mecanismos extraordinarios de apoyo. Entre ellos están las ayudas para compensar el incremento del precio de los fertilizantes y del gasóleo agrícola. Sobre este último, se había solicitado ampliar las ayudas, recordando que el marco temporal europeo permite compensar hasta el 70% de determinados sobrecostes extraordinarios.
Con todo, el principal temor del sector no es el resultado de las urnas, sino el coste de un posible vacío de gestión. Mientras los agricultores afrontan siembras, cosechas, alimentación del ganado, inversiones y pagos de suministros que no pueden aplazarse, las administraciones deberían seguir pagando ayudas y defendiendo los intereses españoles en Europa.
En definitiva, la campaña electoral no puede detener el calendario agrario ni las decisiones que determinarán su viabilidad económica en los próximos años.
