El sector europeo del tomate pone el foco en la presión de las importaciones procedentes de Marruecos. Son muchas las dificultades que afrontan los agricultores comunitarios para mantener la rentabilidad de sus explotaciones, como los costes de producción. Esta circunstancia, que es muy diferente a ambos lados del Mediterráneo, fue trasladada a los representantes de los Estados miembros en Bruselas.
En la reunión del Grupo de Expertos de Tomate de la Comisión Europea, celebrada el 15 de octubre de 2026, los representantes españoles alertaron sobre el descenso de la producción nacional, cercano al 2%. Asimismo, insistieron en el esfuerzo que supone afrontar el coste de la energía, la mano de obra, los fertilizantes, los plásticos y el transporte.
Marruecos amplía su horizonte comercial
Según un estudio comparativo, las exportaciones marroquíes de tomate a la Unión Europea alcanzaron las 526.737 toneladas en 2025, frente a las 509.859 toneladas de España. Los datos son concluyentes.
Las organizaciones agrarias denuncian una situación de competencia desleal, al considerar que los productores marroquíes operan bajo normativas diferentes, mientras que los agricultores españoles deben cumplir las grandes exigencias europeas en materia laboral, medioambiental y fitosanitaria. Por consiguiente, el sector reclama a Bruselas un mayor equilibrio en los acuerdos comerciales. La reducción de los márgenes es una realidad, tanto que amenaza especialmente a las pequeñas explotaciones, cuyo futuro es incierto.
El impacto no solo afecta a las explotaciones agrícolas. En provincias como Almería, Granada y Murcia, el tomate genera empleos directos e indirectos, así como negocio para las cooperativas, comercializadoras e industrias auxiliares. La pérdida de competitividad puede provocar la caída de las inversiones e incluso el abandono de la actividad. El sector advierte de que una dependencia de las importaciones marroquíes también puede debilitar la capacidad productiva europea y la economía de las zonas rurales.
El tomate español es superior en todos los sentidos
Los productores españoles reivindican el valor del tomate nacional por su trazabilidad. Aunque la calidad depende de factores como la variedad, la maduración y el manejo, el sector considera que estas garantías deben recibir un mayor reconocimiento en el mercado.
Otra preocupación se centra en los productos fitosanitarios. Las organizaciones agrarias cuestionan el hecho de que en Marruecos se puedan emplear sustancias cuyo uso agrícola no está permitido en el conjunto de la UE, como clorpirifós. Esta cuestión alimenta la necesidad de controles más estrictos y regulares, siendo imprescindible reforzar la vigilancia y la transparencia sobre los tratamientos efectuados.
Conviene aclarar que existen diferencias entre la prohibición de utilizar una sustancia durante el cultivo y las reglas que se aplican a los residuos que puedan aparecer en un alimento importado. En este aspecto, los tomates importados deben respetar los límites máximos de residuos establecidos por la normativa comunitaria.
Ante esta situación, el sector reclama a Bruselas una serie de medidas que garanticen el trabajo en igualdad de condiciones. Proteger la producción europea es fundamental para preservar la rentabilidad del campo español, el empleo rural y la seguridad alimentaria de los consumidores.
Las exportaciones marroquíes siembran la polémica
